Cárcel y castigo a todos los culpables del Terrorismo de Estado

Cárcel y castigo a todos los culpables
DDHH I 11-08-2006 I Por: Natalia Cruces

La denuncia de Manuel Contreras sobre los vínculos de Pinochet, su familia y el ejército con el narcotráfico puso en evidencia lo que se sabía desde hace años, y que se relaciona directamente con los presuntos negocios sucios y las redes de corrupción del Ejército, que habrían utilizado en los años de dictadura para enriquecerse ilícitamente, construir tejidos de poder y negocios fraudulentos, pero también para garantizar la impunidad de sus miembros, puestos en directorios de grandes empresas, etc. Estas denuncias serían apenas la punta del iceberg de lo que se esconde detrás.
Pero los dichos de Contreras, fueron ratificados también por el mayor ® Carlos Herrera Jiménez –uno de los responsables del homicidio de Tucapel Jiménez-, quién habría denunciado ante la justicia que efectivamente el hijo del dictador, Marco Antonio Pinochet, junto al químico Eugenio Berríos, de la DINA y otros personajes (como el empresario Bathich, también involucrado en el caso, del que Marco Antonio habría negado todo vínculo, aunque su propio hermano Augusto ha reconocido las relaciones comerciales entre ambos), estaban fabricando cocaína, y que Pinochet padre sabía de esto. El recinto utilizado para la fabricación de la droga habría sido el Complejo Químico del Ejército en Talagante, a cargo de Huber, quién más tarde habría sido asesinado por la misma DINA, por sus nexos sobre el tráfico de armas a Croacia.
En el caso de Pinochet, a las investigaciones sobre el Banco Riggs, se suman los pedidos de desafuero por el caso del asesinato del sacerdote español Antonio Llidó, muerto por los servicios de inteligencia los primeros años de la dictadura.
Sin embargo, parece que los revanchismos entre los asesinos y responsables de la sangrienta dictadura siguen, en una especie de ajuste de cuentas donde unos buscan hacer a los otros responsables. Pinochet, hace sólo unos días atrás, declaró que el general Arellano Stark -encargado por la recién impuesta dictadura de la tristemente célebre Caravana de la muerte, que se dedicó a recorrer el país de norte a sur durante los primeros días del golpe, asesinando a dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles- habría actuando solo por su cuenta, buscando desligarse de su responsabilidad por los crímenes que le competen en las violaciones a los derechos humanos en esta causa. Ante el juez Solís, que investiga el asesinato de Carlos Prat y su esposa –coordinado con el Servicio de inteligencia argentino-, Pinochet declaró que Arellano “siempre se mandó solo”.

En una causa similar, Pinochet habría también acusado al general Carrasco de ser el culpable de asesinar al intendente de la zona el 27 de septiembre de 1973, tratando de eludir su culpa. Según el dictador, la guarnición a cargo de la zona actuaba de manera independiente, por lo que las “resoluciones las adoptó sin consultarme a mí para nada” (La nación 03-08-06). Por lo que se conoce del caso en la Comisión Rettig, el ex auditor del ejército Gonzalo Urrejola, declaró que fue Pinochet quién telefónicamente pidió la ejecución del intendente. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Pinochet? Evidentemente, la política de exculparse y atribuir estos crímenes a sus subalternos.
Contreras, uno de los hombres fuertes de la dictadura, busca por el contrario, responsabilizar a Pinochet de sus actuaciones, explicando que diariamente le reportaba sus actividades, y que todas sus actuaciones dependían de él.
Hace 33 años, los preparativos del golpe estaban en marcha. El Ejército, el imperialismo, la iglesia, los empresarios, los partidos políticos de derecha y la democracia cristiana, la justicia, etc. se decidían a terminar con la experiencia que los trabajadores y el pueblo de nuestro país comenzaba a hacer con los cordones industriales, el control obrero de la producción, etc., comenzando a avanzar hacia un cuestionamiento al gobierno de Allende y la Unidad Popular. El golpe de Estado, con su secuela de muertes, torturas, desaparecidos, exilio, y la destrucción de las conquistas de los trabajadores, como el derecho a la salud y la educación, es mantenido hasta el día de hoy por la Concertación y la derecha.
A pesar de los horrendos crímenes de la dictadura, de la complicidad de personeros civiles –muchos de ellos en la UDI y RN- la gran mayoría de los responsables, los militares y sus colaboradores, viven tranquilos y caminan libremente por las calles. El famoso desfile de militares, que tanto le molesta al Ejército y la derecha, encubre a los cientos y miles que torturaron, asesinaron y reprimieron, que siguen libres. Las políticas de la democracia para ricos que vivimos hoy, apuntan a lograr la impunidad, con los caminos de la reconciliación nacional, el perdón, dar vuelta la hoja. La justicia patronal, la misma que encarcela a los mapuches, y que durante la dictadura amparó sus crímenes, no puede nunca castigar a los responsables, salvo algunos militares emblemáticos. Sólo la lucha de los trabajadores y el pueblo, desconfiando de la justicia patronal y los mecanismos de la democracia para ricos, junto a las organizaciones de DDHH, sindicales, estudiantiles, sociales, de izquierda, denunciando los intentos de reconciliación y de impunidad, puede conseguir la cárcel y el castigo para los culpables.

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DDHH I 11-08-2006 I Por: Natalia Cruces

La denuncia de Manuel Contreras sobre los vínculos de Pinochet, su familia y el ejército con el narcotráfico puso en evidencia lo que se sabía desde hace años, y que se relaciona directamente con los presuntos negocios sucios y las redes de corrupción del Ejército, que habrían utilizado en los años de dictadura para enriquecerse ilícitamente, construir tejidos de poder y negocios fraudulentos, pero también para garantizar la impunidad de sus miembros, puestos en directorios de grandes empresas, etc. Estas denuncias serían apenas la punta del iceberg de lo que se esconde detrás.
Pero los dichos de Contreras, fueron ratificados también por el mayor ® Carlos Herrera Jiménez –uno de los responsables del homicidio de Tucapel Jiménez-, quién habría denunciado ante la justicia que efectivamente el hijo del dictador, Marco Antonio Pinochet, junto al químico Eugenio Berríos, de la DINA y otros personajes (como el empresario Bathich, también involucrado en el caso, del que Marco Antonio habría negado todo vínculo, aunque su propio hermano Augusto ha reconocido las relaciones comerciales entre ambos), estaban fabricando cocaína, y que Pinochet padre sabía de esto. El recinto utilizado para la fabricación de la droga habría sido el Complejo Químico del Ejército en Talagante, a cargo de Huber, quién más tarde habría sido asesinado por la misma DINA, por sus nexos sobre el tráfico de armas a Croacia.
En el caso de Pinochet, a las investigaciones sobre el Banco Riggs, se suman los pedidos de desafuero por el caso del asesinato del sacerdote español Antonio Llidó, muerto por los servicios de inteligencia los primeros años de la dictadura.
Sin embargo, parece que los revanchismos entre los asesinos y responsables de la sangrienta dictadura siguen, en una especie de ajuste de cuentas donde unos buscan hacer a los otros responsables. Pinochet, hace sólo unos días atrás, declaró que el general Arellano Stark -encargado por la recién impuesta dictadura de la tristemente célebre Caravana de la muerte, que se dedicó a recorrer el país de norte a sur durante los primeros días del golpe, asesinando a dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles- habría actuando solo por su cuenta, buscando desligarse de su responsabilidad por los crímenes que le competen en las violaciones a los derechos humanos en esta causa. Ante el juez Solís, que investiga el asesinato de Carlos Prat y su esposa –coordinado con el Servicio de inteligencia argentino-, Pinochet declaró que Arellano “siempre se mandó solo”.

En una causa similar, Pinochet habría también acusado al general Carrasco de ser el culpable de asesinar al intendente de la zona el 27 de septiembre de 1973, tratando de eludir su culpa. Según el dictador, la guarnición a cargo de la zona actuaba de manera independiente, por lo que las “resoluciones las adoptó sin consultarme a mí para nada” (La nación 03-08-06). Por lo que se conoce del caso en la Comisión Rettig, el ex auditor del ejército Gonzalo Urrejola, declaró que fue Pinochet quién telefónicamente pidió la ejecución del intendente. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Pinochet? Evidentemente, la política de exculparse y atribuir estos crímenes a sus subalternos.
Contreras, uno de los hombres fuertes de la dictadura, busca por el contrario, responsabilizar a Pinochet de sus actuaciones, explicando que diariamente le reportaba sus actividades, y que todas sus actuaciones dependían de él.
Hace 33 años, los preparativos del golpe estaban en marcha. El Ejército, el imperialismo, la iglesia, los empresarios, los partidos políticos de derecha y la democracia cristiana, la justicia, etc. se decidían a terminar con la experiencia que los trabajadores y el pueblo de nuestro país comenzaba a hacer con los cordones industriales, el control obrero de la producción, etc., comenzando a avanzar hacia un cuestionamiento al gobierno de Allende y la Unidad Popular. El golpe de Estado, con su secuela de muertes, torturas, desaparecidos, exilio, y la destrucción de las conquistas de los trabajadores, como el derecho a la salud y la educación, es mantenido hasta el día de hoy por la Concertación y la derecha.
A pesar de los horrendos crímenes de la dictadura, de la complicidad de personeros civiles –muchos de ellos en la UDI y RN- la gran mayoría de los responsables, los militares y sus colaboradores, viven tranquilos y caminan libremente por las calles. El famoso desfile de militares, que tanto le molesta al Ejército y la derecha, encubre a los cientos y miles que torturaron, asesinaron y reprimieron, que siguen libres. Las políticas de la democracia para ricos que vivimos hoy, apuntan a lograr la impunidad, con los caminos de la reconciliación nacional, el perdón, dar vuelta la hoja. La justicia patronal, la misma que encarcela a los mapuches, y que durante la dictadura amparó sus crímenes, no puede nunca castigar a los responsables, salvo algunos militares emblemáticos. Sólo la lucha de los trabajadores y el pueblo, desconfiando de la justicia patronal y los mecanismos de la democracia para ricos, junto a las organizaciones de DDHH, sindicales, estudiantiles, sociales, de izquierda, denunciando los intentos de reconciliación y de impunidad, puede conseguir la cárcel y el castigo para los culpables.[/QUOTE]

En el gobierno tapan a los asesinos y complices del terrorismo de estado k hubo